El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas sobre la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre la sostenibilidad, coordinación y simplificación de urbanismo. Es importante dejar claro que esta aprobación es del proyecto de ley, no de la propia ley, que deberá ser aprobada por las Cortes de Castilla y León, y que puede sufrir transformaciones durante el proceso, aunque suelen ser solo detalles.
Se habla de varias cosas, entre ellas, de las intenciones de mejorar los trámite burocráticos, en especial a la hora de obtener una licencia urbanística, y de conseguir un «desarrollo sostenible, unas ciudades más ‘habitables’ y ‘vivibles’ y una gestión administrativa más eficaz y eficiente que redunde en el beneficio de las personas»; todo eso está muy bien, pero luego suele ocurrir que no notamos ningún cambio con la aprobación de la ley. No obstante, con tanto cambio de leyes, al final tendremos que notar alguna consecuencia, digo yo.
desarrollo sostenible, unas ciudades más ‘habitables’ y ‘vivibles’ y una gestión administrativa más eficaz
Esta nueva ley pretende favorecer, en teoría, el crecimiento urbano compacto y la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, tal y como se decía en la ley estatal de rehabilitación, y asegurando la sostenibilidad y eficiencia energética en ciudades, donde reside el 51% de la población de Castilla y León. Esta mitad de la población reside en las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes y otro 21 % reside en los municipios de más de 5.000 habitantes o en el entorno de las capitales.
Se pretende un crecimiento urbano compacto, de modo las nuevas construcciones aparezcan junto a las ya existentes, y no urbanizaciones diseminadas en medio de suelo rústico, con dificultades para conseguir los servicios mínimos de electricidad, agua, alcantarillado, telecomunicaciones, etc. y a veces, hasta con dificultad para poder sintonizar los canales de TV por falta de buena señal. El crecimiento urbano compacto abarata los costes de llevar los servicios urbanos mínimos, y son de mejor calidad.
Sin embargo hay que destacar que, hoy por hoy, con la crisis que continúa, sobre todo en el sector de la construcción, no se prevé un crecimiento de las ciudades en ningún modo, habiendo tantas viviendas vacías a medias o del todo construídas. La presente ley de rehabilitación, y el proyecto de ley que se pretende aprobar en Castilla y León, pretenden que sea la rehabilitación de los edificios existentes, como parte del mantenimiento y mejora, la que reactive el sector, por lo que no habrá crecimiento, ni compacto ni sin compactar, de las ciudades.
La mitad de la población que reside en zonas urbanas en Castilla y León, lo hace en barrios con más de 40 años de antigüedad, lo que denomina «espacios urbanos vulnerables», donde residen personas con, a veces, escasos ingresos, pobreza, dificultad para mantener su vivienda en buen estado de conservación y habitabilidad, y con escasez de zonas verdes, ventilación, luz, y a veces, falta de condiciones básicas urbanísticas para tener una vivienda, no solo digna, sino también mínimamente habitable. Esto existe, pero ya veremos si se consigue paliar, que no es fácil. No obstante, la ley pretende ayudar con aportación de dinero a que esto ocurra.
Se propone la sustitución de la licencia urbanística de obra menor por una declaración responsable, por lo que no hará falta esperar a que el ayuntamiento conceda licencia, sino que se presenta y ya se tiene el permiso automáticamente concedido, aunque el Ayuntamiento podrá inspeccionar y comprobar posteriormente la obra y su permiso.
También se pretende utilizar fácilmente la firma electrónica en los trámites, incluyendo la declaración responsable para obras menores, con el fin de agilizar trámites y ganar tiempo.
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