El Gobierno ha acordado disolver la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que arroja unas pérdidas acumuladas de más de 45 millones de euros.

Se dice que el impacto real de este organismo, que se creó en 2005, y su intermediación en el mercado de la vivienda se ha acreditado «bastante insuficiente e incluso ineficiente».

Que el Gobierno está llevando a cabo una disolución ordenada de la entidad, con lo que realizará un ERE para los trabajadores que están contratados.

Se asegura que los inquilinos que han recibido ayudas de los planes vigentes de vivienda, van a seguir recibiéndolas, si bien la sociedad ha gastado dinero muy por encima de la dotación presupuestaria que tenía.

Es curioso que una sociedad pueda resultar tan deficitaria en un servicio con el que muchas inmobiliarias pueden ganar dinero, simplemente con la intermediación para alquiler de viviendas. Quizá la gestión no es la adecuada, o, como muchas veces ocurre, se despilfarra un poco aquí, otro poco allí; y lo que un gobierno cree que es un servicio útil para el ciudadano, otro cree lo contrario, y lo que uno hace, otro lo deshace, dejándose por el camino unos cuantos millones de euros.